Vereda Norte: cuando la mentira se convierte en modelo de gobierno

Mentiras, intereses, desprecios reiterados y las consecuencias como siempre las pagan los ciudadanos

19/04/2026

Hay momentos en los que la política deja de ser una cuestión de gestión para convertirse en una cuestión de credibilidad. Y hay otros en los que deja de ser una cuestión de credibilidad para convertirse en algo bastante más incómodo: una cuestión de intereses.

Lo que está ocurriendo en Vereda Norte no es un debate urbanístico, ni una discusión técnica, ni siquiera una diferencia de criterio. Es algo mucho más simple y, por eso mismo, mucho más grave: a los vecinos se les ha dicho una cosa y se ha hecho otra completamente distinta.

Durante meses -años, en realidad- desde el Ayuntamiento se trasladó una idea clara: aquel suelo estaba destinado a una residencia para mayores. Un concepto concreto, reconocible. El propio proyecto técnico lo rubricaba así: "Residencia para la tercera edad con zona de asistidos y zona de viviendas colaborativas", en la calle Vereda Norte número 6, La Moraleja. Sesenta viviendas colaborativas, treinta unidades para usuarios asistidos, piscina y zonas comunes. Un programa social. Una promesa de ciudad.

Hoy, la realidad ya no admite matices ni interpretaciones.

Lo que se está comercializando es otra cosa. Apartamentos cuyo acceso parte de los 600.000 euros y puede superar el millón, con alquileres desde los 5.000 euros mensuales. Y con una fórmula jurídica que merece atención: no se adquiere una vivienda en propiedad, sino un derecho de uso durante 99 años, una estructura que permite encajar el proyecto en una calificación urbanística que de otro modo habría sido difícil de sostener.

Esto no es lo que se presentó a los vecinos. Y alguien en el Ayuntamiento lo sabía.

Responsables con nombre y apellidos

La promotora actúa dentro de sus derechos. Su responsabilidad es con su modelo de negocio. La responsabilidad política es otra, y recae íntegramente sobre quienes gestionan lo público.

La alcaldesa Rocío García Alcántara ostenta la máxima autoridad ejecutiva del municipio. Proyectos de esta envergadura, con este grado de transformación respecto a lo comprometido, no ocurren en un vacío burocrático. Requieren que alguien, en algún momento, decida que lo prometido puede cambiar. Las preguntas son concretas: ¿cuándo se autorizó ese cambio? ¿Qué informe técnico o jurídico lo respaldó? ¿Por qué no se informó a los vecinos antes de que el proyecto fuera un hecho consumado? Según ha trascendido en medios locales, el consistorio no ha dado respuesta a ninguna de ellas.

Y junto a ella, Cristina Capdevila, concejal delegada del Distrito Urbanizaciones. Su cargo existe precisamente para que alguien en el gobierno municipal vele por los intereses de ese territorio. Y nosotros nos preguntamos: ¿lo ha hecho? Su silencio público ante este asunto no es neutralidad. Es, en sí misma, una respuesta.

Lo que resulta difícil de explicar es que un proyecto con este impacto sobre una de las zonas más sensibles del municipio no haya generado desde dentro del gobierno municipal ninguna señal de alarma. Ninguna objeción conocida. Ninguna voz discrepante. Todo encajó. Todo fluyó. Y cabe preguntarse, sin necesidad de afirmar nada que no esté acreditado, a quién beneficia exactamente que fluya así.

Esto ya ocurrió antes

Vereda Norte no es el primer episodio. Y eso es lo que más debería preocupar.

Los vecinos de Las Urbanizaciones recuerdan con claridad lo ocurrido en Camino Sur. El actual gobierno municipal impulsó allí una operación que terminó generando un escándalo de proporciones considerables: una concesión a más de cincuenta años, con un único licitante, y sin mecanismos de actualización de precios. Una combinación que, en cualquier análisis riguroso, resulta profundamente lesiva para el interés público. Ese proyecto se frenó. Pero no por decisión del propio Ayuntamiento, sino por la presión de unos vecinos que no estaban dispuestos a mirar hacia otro lado.

Lo llamativo no es que ocurriera. Lo llamativo es que, después de aquello, el patrón se repite. Diferente proyecto, diferente calle, diferente fórmula jurídica. Pero la misma opacidad, la misma falta de información previa y la misma sensación de que las decisiones ya estaban tomadas cuando los vecinos se enteraron.

En política, cuando algo ocurre una vez puede ser un error. Cuando ocurre dos veces empieza a tener otro nombre.

El rastro de las preguntas sin respuesta

En urbanismo hay una máxima que los vecinos conocen bien aunque nadie se la haya enseñado formalmente: cuando un proyecto cambia de naturaleza a mitad de camino, siempre vale la pena preguntarse qué ocurrió en ese camino. Qué conversaciones tuvieron lugar. Qué decisiones administrativas se tomaron y con qué respaldo. Qué intereses se acomodaron y con qué resultado.

No hace falta afirmar nada irregular para exigir transparencia. Basta con señalar que los vecinos tienen todo el derecho del mundo a saber cómo se llegó hasta aquí, y que ese derecho lleva demasiado tiempo sin ser satisfecho.

No es un caso aislado: es una forma de gobernar

Según ha recogido la prensa local, la última Junta de Distrito Norte terminó sin un solo vecino presente. Un plantón que no es difícil de interpretar: no es apatía, es aprendizaje. Los vecinos han comprendido, a fuerza de experiencia, que las decisiones importantes ya están tomadas cuando llegan a esas reuniones, y que su opinión no cambia nada.

Ese aprendizaje tiene un precio enorme para la democracia local. Y tiene responsables con nombre y cargo.

Lo que en campaña electoral fue un relato de participación ciudadana y gestión cercana contrasta hoy, según han señalado varios medios, con una realidad de decisiones opacas y promesas incumplidas. Promesas que se diluyen. Relatos que cambian. Proyectos que se transforman. Y siempre en la misma dirección.

No estamos ante errores puntuales de gestión. Los errores se reconocen, se corrigen, se explican. Lo que ocurre aquí no se reconoce, no se corrige y no se explica. Eso tiene otro nombre.

Las consecuencias ya se están pagando

Las Urbanizaciones —y muy especialmente La Moraleja— soportan una presión creciente que nadie en el gobierno municipal parece dispuesto a frenar. El tráfico se ha convertido en una constante diaria. La tranquilidad, durante décadas el principal activo de la zona, se erosiona. Y la coherencia urbanística que daba sentido a ese entorno se resquebraja pieza a pieza.

Cuando se introducen elementos que no encajan en el modelo original, el daño no es inmediato. Pero es inevitable. Y cuando llega, nadie que hoy ocupa un cargo en el Ayuntamiento estará ya en posición de responder por ello.

El verdadero daño: el desprecio

Hay algo peor que una mala gestión. Es la gestión que se hace sabiendo que los afectados no tienen mecanismos reales para impedirlo. La sensación —cada vez más extendida entre los vecinos de Alcobendas— de que se gobierna para otros. No para quienes viven aquí, pagan sus impuestos aquí y esperan que alguien, al menos, les diga la verdad.

Lo que reciben a cambio es Vereda Norte. Un proyecto que nació como una cosa, se convirtió en otra y se siguió presentando como si nada hubiera cambiado. Con la alcaldesa al frente. Con la concejal del distrito mirando. Y con el resto del equipo de gobierno callando, que a estos efectos es exactamente lo mismo.

Eso no es un error. Es un desprecio.

Una ciudad que ya no se reconoce

Alcobendas fue durante décadas un referente de planificación, equilibrio y crecimiento ordenado. Ese prestigio no cayó del cielo: fue el resultado de decisiones tomadas con criterio y con respeto hacia quienes vivían aquí.

Hoy ese legado se erosiona, decisión a decisión, promesa incumplida tras promesa incumplida. Y al frente de ese proceso están personas con nombre, con cargo y con responsabilidad política directa.

La confianza no se recupera con comunicados ni con nuevas promesas. Se recupera con explicaciones concretas, con la identificación pública de quién tomó cada decisión y por qué, y con las consecuencias que correspondan cuando esas decisiones no se sostienen.

Eso es lo mínimo que los vecinos de Alcobendas merecen. Y es, precisamente, lo que este gobierno lleva demasiado tiempo negándoles.

Jesús Ulloa
Presidente de Alcobendas Sin Más